Como se sabe, los circuitos de transferencias no bancarios han constituido tradicionalmente, un excelente método para blanquear fondos de procedencia ilícita. Los métodos empleados han sido diversos aunque el más habitual ha sido el envío atomizado de grandes cantidades de dinero de un territorio a otro intentando desvirtuar el origen ilícito del destino definitivo (pitufeo). Este método ha sido empleado ordinariamente por el crimen organizado para destinar el producto del delito a aquellos territorios donde se pretende blanquerlo.
Las entidades de gestión de transferencias (EGT), al contrario de lo que sucede con las entidades financieras, suelen actuar a través de agentes comisionistas que gozan de elevados niveles de autonomía de actuación lo que dificulta el control que puedan realizar las sociedades autorizadas por el Banco de España que actúan como entidades matriz. Esto conlleva que este sector se constituya en uno de los canales más sensibles al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo.
Como se establece en los numerosos informes del SEPBLAC, el problema se agrava cuando se analizan aquellos sistemas alternativos de transferencias, para los que no existe una posibilidad de regulación y que se definen, sobre todo, por los aspectos culturales, raciales o sociales de las personas que los utilizan, o de los países de destino de los fondos.
Se puede decir que las EGT, como canal de envío de fondos y en su relación con el blanqueo de capitales, se caracterizan por:
1. Poseer una amplísima red de establecimientos que funcionan a modo de franquicia y en los que se desarrolla, de forma simultánea, otras actividades no financieras como locutorios telefónicos y de internet, venta de material electrónico y de telefonía móvil, etc.
2. La dirección y gestión de estos establecimientos suele estar en manos de personas de la misma nacionalidad que sus clientes.
3. Los fondos que canalizan a su destino discurren por canales bancarios habitualmente que se entremezcalan con otras grandes cuentas compensadoras que reciben otras remesas de diversa procedencia que dificulta la identificación clara de sus emisores y receptores.
4. Esta propia dinámica de negocio y el grupo de personas a los cuales va dirigido, facilita enormemente que los grupos y organizaciones criminales puedan controlar la titularidad de los remitentes y beneficiarios en algunas de las operaciones intentando camuflarlas con partidas de emigrantes que, habitualmente, constituye la esencia legal del negocio y de esta forma evitar el control administrativo de las Autoridades.
Fuente: http://www.sepblac.es