El informe elaborado por IR Consilium bajo la supervisión de la Secretaría de la OCDE[1] sobre cadenas de suministro responsables de minerales en áreas de conflicto o de alto riesgo denominado Flujos de oro desde Venezuela, Apoyo a la diligencia debida sobre producción y el comercio de oro en Venezuela proporciona recomendaciones prácticas de diligencia debida para ayudar a las empresas a evitar contribuir en abusos graves de derechos humanos, conflictos y delitos financieros a través de sus decisiones y prácticas de compra de minerales y en especial sobre del oro, determina cuestiones relacionadas con la extracción de este mineral en Venezuela que resumimos:
Como destacó el Grupo de Acción Financiera Internacional[2], el oro es un medio preferido para las finanzas ilícitas (GAFI, 2015; 2021). Es muy valioso, portátil y capaz de mantener su valor incluso durante conmociones de mercado importantes en los mercados de todo el mundo y que resulta muy difícil de rastrear mediante análisis químicos y que permite remodelarse de muchas maneras o, literalmente y fundir en el anonimato.
El oro no es intrínsecamente ilícito, por lo que puede utilizarse para blanquear fácilmente en cadenas de suministro legítimas, lo que contribuye al oscurecimiento de las economías locales, nacionales y regionales, e incluso del sistema financiero mundial. En este contexto, los flujos de oro provenientes de la República Bolivariana de Venezuela presentan serios desafíos.
Desde la nacionalización de la industria minera de Venezuela en 2011, criminales de diversos tipos han invadido el sector de la minería de oro del país. En los cinco años transcurridos desde el decreto de 2016 que estableció el Arco Minero del Orinoco (AMO) en el sur de Venezuela, la extracción de oro se ha expandido más allá de los límites del AMO que no han hecho más que crecer estableciéndose economías delictivas vinculadas al tráfico y blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Se estima en Venezuela una capacidad de procesamiento que posiblemente podría llegar a 75 toneladas por año; en julio de 2021, y el valor de mercado de esa producción debía superar los 4.400 millones de dólares estadounidenses. Es difícil medir la escala de la producción de oro en Venezuela. Las cifras oficiales no son confiables, e incluso las estimaciones más cuidadosas de ONG, periodistas y otros observadores deben venir con la advertencia de que un ecosistema tan complejo y opaco de criminalidad y corrupción es resistente a la inspección.
Los flujos de oro dentro de Venezuela se pueden clasificar en dos grandes títulos: centralizados y dispersos. En una metáfora aproximada, los flujos centralizados corren hacia el grifo, mientras que los flujos dispersos son las fugas de plomería.
Pero ¿qué constituyen los flujos centralizados? Son aquellos que transportan una parte de la producción de la miríada de pequeñas operaciones mineras del país hacia los centros comerciales supervisados por el gobierno en ciudades como El Callao, donde algunos son comprados por compradores que representan a las élites venezolanas. La producción de esas instalaciones parece estar dividida entre el Banco Central de Venezuela (BCV) y personas expuestas políticamente (PEP). Esta explotación se desarrolla dentro de una estructura central conformada por una jerarquía de autoridades – militares, políticas y otras – que envían una parte del oro producido en decenas de pequeñas operaciones a lo largo de la cadena de mando mientras se enriquecen con el resto.
Una operación típica es una mina pequeña, que a menudo no tiene más de una docena de mineros y algún tipo de financiador que suministra maquinaria modesta y miembros de grupos militantes u ocasionalmente bandas criminales que imponen el orden y se llevan una parte del oro extraído. Además, el personal militar o de seguridad – el ejército o la guardia nacional, principalmente – comúnmente toma su propia parte de la producción de la mina, a menudo comprándola a un precio muy por debajo del precio del mercado local. Estos efectivos también extorsionan habitualmente en los puestos de control, y los funcionarios políticos locales y estatales reciben una parte del botin considerable. En resumen, los pagos por extorsiones de protección llamados “vacunas”, son inseparables de la minería aurífera. Un proceso de amalgamación de mercurio, que a menudo se lleva a cabo cerca de las minas, sirve generalmente para extraer el oro con estos fines, garantizando quizás una cuarta parte del oro extraído del material en bruto. Una parte del oro recolectado por militares y funcionarios estatales y locales también pasa, a través de redes logísticas militares, a bases cercanas a Caracas.
Las minas más productivas a menudo se ven obligadas a vender su producción directamente a representantes de las PEP. Según diversas fuentes, algunas de las vacunas y otras tajadas cobradas por los funcionarios ingresan en flujos dispersos, saliendo de Venezuela por diversas vías de contrabando para el enriquecimiento personal de los funcionarios. En este sistema, gran parte del oro ganado por los pequeños mineros finalmente termina en manos de la élite militar y política, quienes controlan en gran medida el flujo de bienes esenciales en las áreas mineras. La cadena de suministro se inicia con el material en bruto que queda después de la fusión, junto con parte del oro procesado que se recoge y se lleva en camión a una instalación de la planta de la empresa estatal de extracción de oro (Minerven) cerca del centro aurífero de El Callao en el estado de Bolívar. Allí, el material en bruto de las minas pequeñas se fusiona con otros materiales sobrantes de las minas cerradas a gran escala antes de la nacionalización.
Un flujo típico de El Callao consiste en caravanas mensuales de vehículos de transporte militar, escoltados por motocicletas, que llevan barras de oro recolectadas en las bóvedas de Minerven al aeropuerto de Guasipati, de donde el oro es transportado al aeropuerto de Maiquetía cerca de Caracas y luego trasladado a las bóvedas del Banco Central de Venezuela. Este flujo en sí mismo se divide, con una parte que va al estado y el resto a enriquecer a la élite política y militar.
En contraste, los flujos dispersos son aquellos que salen del país desde las áreas mineras por varias otras rutas protagonizado por élites militares y políticas venezolanas, los grupos militantes colombianos y los grupos criminales locales que son actores clave en ambas categorías de flujos de oro nacionales.
Este oro que sale de Venezuela es blanqueado principalmente dentro de la región de América Latina y el Caribe, principalmente en uno o más de los centros de tránsito regionales clave. Actualmente, estos han sido identificados como Colombia, República Dominicana, Brasil, Surinam, Guyana y Panamá, así como en otros lugares de Centroamérica y en México. Sin embargo, las redes de blanqueo pueden extenderse por todo el mundo y también se han visto implicados actores relacionados con Europa, Estados Unidos, la República Popular China, Oriente Medio y posiblemente África Occidental.
Los flujos transnacionales dispersos benefician a una gama más amplia y abiertamente delictiva de actores, incluidos cárteles criminales, los Grupos armados organizados (GAO) colombianos y organizaciones designadas como terroristas.
Contrabando de oro desde Venezuela
Las estimaciones publicadas abarcan una amplia gama. Solo para 2019, las estimaciones oscilan entre 27,8 toneladas y más de 80 toneladas respecto a la cantidad de oro supuestamente sacada de contrabando del país.
Hasta septiembre de 2020, cuando el gobierno de Maduro firmó un decreto (Gaceta Oficial, 2020), todo el oro extraído en Venezuela era legalmente considerado propiedad del BCV. Según este estándar, podía ser razonable considerar como ilegal cualquier oro que saliera del país sin pasar por el BCV o sin su autorización explícita es de decir constitutivo de contrabando. No obstante no existen sanciones penales asociadas a la infracción de los decretos de septiembre de 2020 o febrero de 2021. Todo ello apunta a tenerse en cuenta la considerable economía informal de las regiones mineras y fronterizas, donde el oro se utiliza a menudo como moneda.
Debe tenerse en cuenta que los casos de lavado de dinero y otros delitos financieros relacionados con esos flujos, perseguidos principalmente, pero no exclusivamente, por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, evidencia la consolidación de la corrupción entre actores clave en esos flujos, los vínculos evidentes y el financiamiento de grupos militantes y terroristas y los abusos bien documentados, incluido la explotación infantil, el tráfico sexual y la devastación ambiental, entre otros, que acompañan a las actividades criminales que generan los flujos.
En este apartado destacan los FLUJOS TRANSNACIONALES DISPERSOS:
Las fuentes indican sistemáticamente que la mayor parte del oro que sale de Venezuela en flujos transnacionales dispersos viaja por aire, aunque parte por tierra y una parte, según se informa, también viaja por mar, incluso en barcos de pesca. Además, coinciden en que, al menos en su tramo inicial, el oro tiende a seguir las rutas de la droga, ya que los actores que mueven las mercancías suelen ser los mismos y aprovechan la infraestructura de narcotráfico existente. Las pistas de aterrizaje clandestinas a lo largo de la frontera son supuestamente operadas por diferentes actores de este tráfico: el ELN, las FARC-D y los carteles mexicanos, todos presuntamente en colaboración con elementos de las fuerzas armadas venezolanas. Sin embargo, hay también varios aeropuertos en áreas mineras desde los cuales las aeronaves pueden llevar oro a los centros de consolidación dentro de Venezuela o directamente a los países de tránsito en la región.
En la siguiente entrega describiremos como se configuran otros flujos de distribución del oro venezolano por considerarse de gran relevancia dada la relación existente con casos de corrupción, criminalidad organizada y terrorismo internacional.
[1] La OCDE es una organización internacional de carácter intergubernamental en la que los países miembros trabajan de manera conjunta para responder a los retos económicos, sociales y ambientales derivados de la interdependencia y la globalización. Se creó después de la Segunda Guerra Mundial bajo el nombre de Organización para la Cooperación Económica Europea (OECE) con el propósito de coordinar el Plan Marshall. En 1961, se convirtió en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con vocación transatlántica y después mundial. España es miembro desde el 3 de agosto de 1961. Actualmente, la OCDE cuenta con más de 35 miembros, y más de 100 países colaboran con su trabajo. Su sede está en París. La Secretaría desarrolla el trabajo regular de la OCDE y está encabezada por el Secretario General, Angel Gurría, que desempeña el cargo desde junio de 2006. La OCDE mantiene fructíferas relaciones con la sociedad civil, mediante consultas con el sector empresarial y con representantes de los trabajadores y compartiendo información por medio de sus publicaciones y de su página de internet