Nuevas tipologías de blanqueo utilizadas por las organizaciones criminales

La investigación policial de este ilícito penal ha seguido un recorrido muy tortuoso ya que desde su tipificación en España hasta la fecha se ha apreciado una paulatina interiorización procesal del delito aspecto básico desde el punto de vista de política criminal. Como se sabe, la expresión «blanqueo de capitales»  fue empleada por primera vez en el ámbito judicial en Estados Unidos en el año 1982, en un caso de comiso de dinero procedente de la cocaína colombiana, y la expresión procedía de la jerga del hampa. El origen del concepto –lavado de dinero– se remonta, por otra parte, a la utilización por  parte de organizaciones mafiosas, sobretodo en Estados Unidos, de cadenas de lavanderías automá­ticas para colocar y ocultar fondos de origen ilícito[1].
La evolución de la tipificación de la figura del blanqueo de capitales en el Derecho penal español, parte de la reforma del Código penal en materia de tráfico ilegal de drogas en el año 1988[2]. La técnica inicialmente adoptada por el legislador fue la de adaptar el delito de receptación a las nuevas necesidades de punición, refiriéndolo, no a los delitos contra los bienes objeto de la citada receptación genérica, sino a los delitos de tráfico de drogas incorporándose un nuevo precepto en el enton­ces vigente Código Penal, el artículo 546 bis f). Posteriormente, la LO 10/1995, de 23 de no­viembre, del Código Penal, incorporó una tipifica­ción sustancialmente diferente a través del artículo 301 y siguiente del Código Penal.
Durante los primeros años de entrada en vigor del delito de blanqueo las escasas unidades policiales que existían en el seno del Cuerpo Nacional de Policía dedicaron su actuación en investigaciones patrimoniales paralelas a la desarticulación de grupos organizados de narcotraficantes centrando éstas en la identificación de bienes y derechos producto de las actividades criminales.
En la actualidad existen unidades centrales y periféricas altamente especializadas que están desarrollando investigaciones muy complejas y de alta eficacia judicial, como la UCDEF y los grupos de blanqueo dependientes de las Jefaturas Superiores de Policía que están desarrollando numerosas investigaciones por delito de blanqueo de capitales por orden de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal. La finalidad de estas investigaciones tenían un doble objetivo, el primero localizar los activos criminales generados por la actividad criminal y solicitar el embargo preventivo y el segundo aportar al Juez Instructor los elementos indiciarios que permitieran construir el delito de blanqueo de capitales, en su caso.
Desde la perspectiva probatoria, que en realidad es la más relevante y dificultosa en este tipo delictivo, la prueba directa prácticamente era de imposible construcción, dada la capacidad de camuflaje y hermetismo con que actúan las redes clandestinas de fabricación y distribución de drogas así como de «lavado» del dinero procedente de aquella, por lo que la prueba indirecta se ha constituido como la más usual base de acusación[3]. Por esta razón, era muy difícil conseguir el procesamiento por blanqueo de capitales a los receptadores de bienes ilícitos de procedencia criminal por razones difíciles de entender desde la óptica procesal actual lo que determinó que muy pocos los jueces que llegaran a comprender el alcance de esta actividad criminal y las consecuencias perjudiciales que generaba en la economía y en la sociedad.
La experiencia policial ha acreditado que las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de estupefacientes, gracias a los beneficios que genera su actividad criminal, han empleado siempre sistemas más o menos sofisticados de acuerdo con la estructura criminal y medios financieros y expertos de los que disponen para reciclar aquellas ganancias ilícitas[4].Tan solo en el año 2012, se han incautado por el delito de blanqueo, entre otros importantes activos mobiliarios e inmobiliarios, saldos bancarios y metálico por valor de 22.969.739,- euros según informa el SEPBLAC.
La UNODC estima que las ganancias relacionadas con las drogas disponibles para el blanqueo a través del sistema financiero ascienden alrededor del 0,4 al 0,6% del PIB mundial. Se estima que alrededor de la mitad de estas ganancias son blanqueadas dentro de la jurisdicción donde se han generado, ingresando en el sector bancario o convertidos en bienes inmuebles o a través de otros tipos de inversiones[5].
Por otra parte, según el informe sobre nuevos métodos de pago del GAFI[6] del año 2010, uno de los métodos de blanqueo que más preocupan actualmente consiste en la utilización masiva de nuevos sistemas de pago bancario, como tarjetas prepagadas, pagos electrónicos por teléfono móvil, entre otros, pero el recorrido de tipologías empleados ha sufrido un paulatino perfeccionamiento. Tan solo para los EE.UU., el total fondos cargados en tarjetas de prepago en el 2009 se estima que han sido de 120,2 mil millones de dólares USA, de acuerdo con la investigación encargada por MasterCard, Inc. y realizada por el Boston Consulting Group (BCG)[7].
Como se sabe el desarrollo de sistemas de pago alternativos al dinero y otros medios tradicionales ha generalizado la utilización de nuevos formatos en los que el dinero físico (o materializado en otros instrumentos bancarios) ha cedido terreno en favor de otros sistemas basados en medios electrónicos. Las tarjetas de prepago pueden ser diseñados para proporcionar el más absoluto anonimato del cliente, manteniendo un alto grado de funcionalidad[8]. Estas tarjetas se clasifican en dos categorías, de ciclo abierto y de ciclo cerrado. En materia de blanqueo, las que más preocupan son las de ciclo abierto puesto que su gran funcionalidad comporta mayores riesgos ya que son anónimas y no precisan asociarse a ningún depósito bancario. En definitiva se constituyen en herramientas alternativas de los servicios tradicionales bancarios con total anonimato lo que permite recibir y realizar pagos, disponer en efectivo a través de las redes globales de cajeros, enviar o recibir transferencias, etc.
La demanda de tarjetas prepagadas, según GAFISUD, está aumentando de forma exponencial. Analistas financieros afirman que para el año 2015 este mercado alcanzará los 762 mil millones de USD[9]. Asimismo, los pagos a través de telefonía móvil, según el mismo informe de GAFISUD, su tendencia sigue creciendo de forma exponencial a nivel mundial. En Asia, se estima que en el año 2011 habian 62,8 millones de personas que realizaban operaciones financieras a través del móvil[10].
Ejemplo de esta difusión de estos sistemas alternativos de transferencia bancaria es el lanzamiento al mercado por  Western Union junto con uno de los bancos privados más importantes de Ucrania, ofrece a clientes de ese país una nueva opción de enviar y recibir dinero realizando transferencias directamente desde su iPhone y otros dispositivos. Dicen sus clientes: “Me ha costado un poco más de un minuto para recibir la transferencia de Western Union directamente a mi cuenta a través del teléfono móvil”. En la actualidad más de 700.000 clientes utilizan aplicaciones de este servicio de pago móvil. Desde el 1 de diciembre de 2012, tres millones de usuarios de Internet-Bank en Ucrania hacen miles de transacciones diarias[11].
Situaciones como estas permitieron crear a  Arthur Budovsky, fundador de la empresa de pagos por internet Liberty Reserve que fue detenido por la Policía Española en Madrid el pasado año. Arthur creó un gigantesco sistema de blanqueo de capitales por unos US$ 6.000 millones, la mayoría procedente del narcotráfico. Este sistema de pago electrónico permitía al usuario abrir una cuenta con sólo una fecha de  nacimiento y una dirección de correo y ofrecía al usuario un número de cuenta con el cual se podían hacer transacciones que permitía ocultar su identidad y hacer ilocalizable la operación financiera[12].
Otros sistemas de blanqueo vinculados con el tráfico de drogas según la UNODC[13], consisten en la utilización de negocios ficticios de comercio exterior y que son la base para realizar pagos resultantes de actividades ilícitas de comercio exterior. Esta técnica, muy empleada por las organizaciones transnacionales de tráfico de drogas, constituye uno de los instrumentos financieros en el mayor riesgo de las operaciones de lavado de actividades criminales relacionadas con el narcotráfico mediante la utilización de los diferentes instrumentos financieros que existen para poder realizar los pagos internacionales (créditos documentarios, forfaiting, factoring, cartas de crédito, etc.)
No obstante los más utilizados están relacionados con las entidades gestoras de transferencias (EGT). Como es sabido, la mayor parte de las actividades delictivas genera sus beneficios en forma de efectivo, y la primera fase para su posterior lavado es precisamente la introducción de ese efectivo en el sistema financiero. A lo largo del tiempo, los establecimientos de cambio de moneda y gestión de transferencias han sido utilizados por los delincuentes para blanquear fondos de distintas formas. El mero cambio de moneda fue un fenómeno especialmente frecuente inmediatamente antes de la introducción del euro técnica que aún continúa con otras divisas. Como dice el SEPBLAC[14] la emisión de transferencias sigue siendo un proceso muy habitual de blanqueo de ganancias ilícitas derivadas del narcotráfico. Así, en su informe sobre los “factores clave para la prevención del blanqueo de capitales en la gestión de transferencias” la elevada rotación de agentes franquiciados dentro de una gestora y el hecho de que, de facto, una misma persona pueda actuar como agente para varias entidades gestoras al mismo tiempo son datos que revelan que en algunos casos la fidelidad del agente es con su cliente constituye un factor clave para poder utilizar este sistema las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
En estos casos, es dinero ilegal el que se introduce en el sistema financiero y se envía fuera de nuestras fronteras, aunque en ocasiones el flujo es el contrario, del exterior hacia España todo en función del recorrido que siga la mercancía ilícita y la posición geográfica del importador y del exportador. Dado que en el sector se cursan operaciones de importe no demasiado elevado, para mover por este sistema una cantidad importante de fondos se requiere la frecuente repetición de los giros, o la participación de varias personas que presten sus identidades como ordenantes de los envíos.
Otro sector, el financiero, constituye un factor clave en las operaciones de blanqueo. En concreto, la figura del corresponsal de la banca ha sido clave en esta labor. La necesidad de su aparición nace cuando una entidad financiera requiere  prestar un servicio en un tercer país en el que no tiene presencia física. Para ello, contacta con una institución financiera de dicho país y llega a un acuerdo para abrir una cuenta en ella. Esta red de acuerdos internacionales ha conformado el sistema actual de banca de corresponsales, necesario para un rápido y efectivo funcionamiento de los sistemas de pago. En las últimas décadas, las instituciones financieras de todo el mundo han desarrollado un sistema internacional de pagos que permite que las transacciones financieras sean procesadas con confianza, rapidez y eficiencia.
Los sistemas de pagos internacionales permiten, dada la facilidad y rapidez con la que es posible mover importes elevados a través de operaciones financieras complejas, la desvinculación de los fondos de su origen delictivo, haciendo prácticamente imposible el seguimiento de los mismos. Esta dificultad se ve acrecentada por el hecho de que los bancos que participan en la cadena de pagos se encuentran sometidos a la normativa propia del país donde están domiciliados.
Las entidades de crédito utilizan sistemas electrónicos para realizar sus pagos internacionales,  mediante los cuales se intercambian mensajes que transmiten las órdenes que desean que se ejecuten a través de la cadena de pagos. El sistema SWIFT[15] es el más utilizado en el ámbito internacional en el negocio de banca de corresponsales. Opera en más de 200 países, en él participan más de 8.300 entidades y tiene un tráfico anual de más de 2.500 millones de mensajes. Pero determinadas transferencias electrónicas (con cobertura de pago) el banco intermediario que recibe la orden de pago a través del mensaje SWIFT no recibe la información de la operación vinculada, que viene cifrado. Esto implica que el banco intermediario no es capaz de realizar un seguimiento de los detalles del pago incluidos en la transferencia y por lo tanto informar a la Justicia cuando es requerido.